El Grupo de Pueblo, pidió este jueves para Venezuela «elecciones soberanas, con garantías y sin sanciones económicas», para evitar que alguien o algo pongan «en riesgo la voluntad pacífica de la sociedad venezolana de construir su futuro con prosperidad y respeto».

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Mediante un comunicado, el grupo —que reúne exmandatarios y otros políticos progresistas y de izquierda de Iberoamérica— manifestó que «siempre ha defendido el diálogo, la negociación y la vía electoral para Venezuela».

Asimismo, inistió en que «ha rechazado por inmorales e ilegales las sanciones unilaterales que han dañado gravemente las condiciones de vida de millones de venezolanos, causando los masivos flujos migratorios que, con razón, preocupan a los países vecinos, los Estados Unidos y Europa».

El Grupo de Puebla insiste en que ha «respaldado los acuerdos de Barbados en desarrollo de los cuales se fijó la fecha del 28 de julio del presente año para que la ciudadanía venezolana decida  libremente su futuro escogiendo el próximo Presidente».

La nota explica que al grupo le «consta que el Gobierno y la oposición han dialogado en los últimos tiempos intensamente. Hacemos un llamado para que esta interlocución se mantenga para permitir que antes  del 20 de abril, según lo convenido, por el Consejo Nacional Electoral efectúe la validación de los nombres postulados como alternativas entre las cuales los ciudadanos podrán escoger la que mejor convenga para gobernar a Venezuela».

Ante ello, puntualizan que son «partidarios de la máxima participación política posible, pero llamamos la atención para que se evalúe correctamente la normativa que aplica el CNE cuya composición es fruto de un acuerdo entre el gobierno y la oposición».

En definitiva, el Grupo de Puebla saluda «la inscripción de varios candidatos de probada trayectoria opositora. Este paso debe garantizar que la vía electoral pacífica sea el camino para dirimir las diferencias, legitime plenamente el proceso electoral, y termine con las vías desestabilizadoras que reclaman intervenciones, militares u otras acciones de fuerza y que son incompatibles con la vía democrática».

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